La Unión Europa y Mercosur firmaran el nuevo acuerdo de libre comercio, que empezó a negociarse hace más de 20 años, el 17 de enero el Paraguay. La firma será finalmente posible gracias a que una mayoría cualificada de Estados miembros de la UE se ha pronunciado a favor del acuerdo tras las últimas concesiones de Bruselas a favor del sector agrario comunitario.

 

Esas últimas concesiones convencieron a Italia, pero no a otros Estados miembros que se vienen oponiendo al acuerdo, en concreto Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda. Por su parte, Bélgica se ha abstenido y el resto de países está a favor, entre ellos España y Alemania.

 

En todo caso, el pacto debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, donde también hay mucha división, no solo entre unos grupos políticos y otros sino también dentro de los propios grupos.

 

Esas concesiones que han inclinado la balanza a favor de la firma del acuerdo son básicamente tres, aunque hay que subrayar que alguna de ellas no pasa de ser un simple compromiso y que no resuelven el problema de fondo: los agricultores y ganaderos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay pueden producir más barato porque sus costes de producción son más bajos, ya que no tienen que cumplir con requisitos y obligaciones tan estrictos como los que deben respetar los productores comunitarios que, en consecuencia, están en desventaja competitiva.

 

La Comisión Europea ha propuesto, en primer lugar, adelantar a 2028 una partida de fondos de la futura PAC (2028-2034) que, en principio, no podría estar disponible hasta 2030 o 2031. Serían en total 45.000 millones de euros. En todo caso, la decisión de recurrir a esos fondos por adelantado quedaría en manos de cada Estado miembro.

 

En segundo lugar, ha propuesto medidas para abaratar el precio de los abonos para los agricultores. Una sería la suspensión temporal de los aranceles aplicables al amoníaco y la urea procedentes de ciertos países terceros y otra un compromiso para suspender la llamada tasa al carbono en las fronteras a los fertilizantes.

 

Por último, la Comisión Europea ha confirmado su voluntad de reforzar la reciprocidad de las normas sobre residuos de fitosanitarios y antibióticos, de forma que no se permita la entrada en el mercado comunitario de productos tratados con sustancias prohibidas en la Unión Europea, al menos de las más peligrosas.

 

Estas propuestas se suman a las medidas de salvaguardia sobre las que ya llegaron a un acuerdo el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo el pasado mes de diciembre. El objetivo de las mismas es reforzar la protección de los agricultores comunitarios y garantizar que puedan adoptarse medidas con rapidez en caso de que las importaciones procedentes de los países del Mercosur provoquen o amenacen con causar un perjuicio grave al sector agrario europeo.

 

En el caso de los productos considerados sensibles, y tras los últimos ajustes introducidos, se podrá iniciar una investigación para determinar si existe ese perjuicio cuando las importaciones aumenten un 5% respecto a la media de los tres últimos años o cuando los precios de importación de un producto sean un 5% más bajos que los de su equivalente europeo.

 

Entre los productos considerados sensibles se encuentran la carne de vacuno, de porcino y de ave, los quesos, los huevos, la miel, el maíz, el arroz o el azúcar.