La Comisión Europea presentó el 16 de julio, tras su proyecto de presupuesto comunitario para el período 2028-2034, su propuesta para la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC), la que se aplicará a partir de 2028. Como se venía avanzando, Bruselas elimina la estructura en dos pilares y deja más margen a los Estados miembros a la hora de decidir las ayudas a conceder y ciertas normas de la condicionalidad.

De acuerdo con la propuesta, los dos pilares de la PAC (el de ayudas directas y el de desarrollo rural) se fusionará en uno. Los Estados miembros contarán con una lista de una decena de medidas entre las que podrán elegir para orientar su apoyo a quienes más lo necesiten. Estas ayudas tendrán que destinarse necesariamente a los “agricultores activos”.

Según el diseño de la Comisión, solo habrá dos regímenes de ayudas principales financiadas íntegramente por el presupuesto comunitario: una ayuda a la renta por hectárea, o por animal, cuyo importe será decreciente (se aplicarán recortes a partir de 20.000 euros y el máximo que podrá recibir una explotación por este concepto será de 100.000 euros); y ayudas acopladas destinadas a sectores con dificultades o que sean importantes por motivos socioeconómicos o medioambientales (quedan fuera del dispositivo el tabaco y el vino). A ellas hay que sumar la ayuda específica al algodón y el pago simplificado para los pequeños agricultores (cuyo importe se eleva a 3.000 euros).

Todas las demás ayudas estarán cofinanciadas entre la Unión Europea y los Estados miembros. Entre ellas figuran los pagos por limitaciones naturales, las ayudas para compensar las desventajas derivadas del cumplimiento de determinados requisitos obligatorios y las acciones agroambientales y climáticas. Estas últimas englobarán lo que actualmente son los ecorregímenes del primer pilar y las ayudas agroambientales del segundo.

Se mantiene un régimen de condicionalidad, con normas que los agricultores y ganaderos tendrán que cumplir obligatoriamente si quieren percibir las ayudas. En él estarán incluidos los actuales requisitos legales de gestión en materia de medio ambiente, salud pública, sanidad vegetal y bienestar animal. Sin embargo, desaparecen las buenas condiciones agrarias y ambientales (BCAM), que serán sustituidas por las llamadas “prácticas protectoras”, cuya definición queda en manos de los Estados miembros.

Por último, la propuesta incluye diversas medidas para fomentar el relevo generacional, entre ellas la ayuda a la instalación de jóvenes, ayudas a la inversión, apoyo a la creación de empresas, servicios de sustitución o formación. También contempla actuaciones para fomentar la participación de los agricultores y ganaderos en instrumentos de gestión de los riesgos.