El Ministerio de Agricultura ha sometido a consulta pública un proyecto de real decreto por el que se introducen cambios en el régimen de autorizaciones de plantación y replantación de viñedo, incorporando a la normativa nacional las modificaciones adoptadas en este ámbito a nivel comunitario en el marco del “paquete vitivinícola”, aprobado el pasado mes de febrero. El objetivo es flexibilizar ese régimen con el fin de no contribuir al aumento de la oferta de vino.

Entre otras medidas, el texto establece que los viticultores que posean autorizaciones válidas para nuevas plantaciones y autorizaciones por conversión de derechos de plantación concedidas antes del 1 de enero de 2025 y no utilizadas no serán sancionados por no utilizarlas. Con ello se busca eliminar los incentivos a los viticultores con autorizaciones para que ejecuten sus autorizaciones cuando no esté asegurada la demanda del vino producido.

Asimismo, las comunidades autónomas podrán prorrogar hasta doce meses la validez de las autorizaciones de nuevas plantaciones concedidas en regiones afectadas por catástrofes naturales, fenómenos meteorológicos adversos y brotes de enfermedades en una campaña determinada. Los viticultores con esas autorizaciones podrán renunciar a ellas sin ser sancionados.

Por otro lado, los beneficiarios de pagos por arranque de viñedo no podrán solicitar autorizaciones para nuevas plantaciones durante las diez campañas de comercialización posteriores y quienes hayan recibido determinadas ayudas por arranque no tendrán derecho a una autorización de replantación para la superficie arrancada.

El proyecto constata que “el consumo de vino en la Unión Europea ha caído hasta su nivel más bajo en los últimos treinta años. Al mismo tiempo, los mercados tradicionales de exportación se ven perjudicados por una disminución del consumo y por factores geopolíticos, lo que hace que las exportaciones sean más inestables. Asimismo, al ser el sector vitivinícola muy sensible al cambio climático, la producción de vino resulta cada vez más imprevisible. Esta situación genera un exceso de oferta con bajada de precios, reduciendo así los ingresos de los viticultores y limitando su capacidad de invertir y de hacer frente a posibles pérdidas provocadas por fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes”.