El Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció, el 20 de febrero, contra los aranceles impuestos por Donald Trump a buena parte de sus socios comerciales desde el inicio de su mandato.

Los jueces consideran que el Gobierno se extralimitó al aplicar, en tiempos de paz, la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional, que fue la utilizada para imponer estos aranceles.

Sin embargo, esta decisión de los jueces en contra de los poderes de Trump para declarar aranceles no ha impedido que el presidente de Estados Unidos aplique tasas a las importaciones basándose en otras disposiciones. De hecho, ese mismo día, a última hora, ya anunció un arancel general del 10%, que poco después elevó hasta el 15%. 

Como es habitual, los vaivenes del presidente estadounidense han generado una gran confusión tanto entre los importadores americanos como entre los operadores que quieren exportar sus productos a ese mercado. A 24 de febrero entró en vigor finalmente un arancel del 10%, según aclaró la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que precisó que esa tasa se aplicará a "todos los países durante un período de 150 días, a menos que estén específicamente exentos". No obstante, la Administración Trump trabaja para elevarlo al 15%.

Entre las incógnitas derivadas del fallo del Tribunal Supremo está la de si los importadores estadounidenses que han tenido que pagar los aranceles ahora tumbados por los jueces podrán reclamar su reembolso. Algunas asociaciones de empresas ya están exigiendo una compensación por los perjuicios económicos derivados de su aplicación.